Hace un año reportamos que la activista feminista en Japón, Yumeno Nito, había protestado en contra del proyecto multimedia Onsen Musume, que involucra a personajes de anime que se convierten en las “mascotas publicitarias” de los locales de aguas termales afiliados al proyecto. Los personajes son entonces versiones antropomorfas de estos establecimientos y protagonizan distintos medios como anime, manga y videojuegos, la mayoría producidos por Doga Kobo.
La mujer denunció entonces que los personajes eran menores de edad y que realizaban actividades destinadas a los adultos, como beber alcohol o posar de forma sensual y atrevida. En resumen, calificó todo esto de “sexista y explotación sexual de la mujer”.
Al principio, su intento de boicotear el proyecto no solo no fue fructífero, sino que involucró también a miles de personas que empezaron a defender el proyecto. Después de todo, Onsen Musume es un proyecto que ha servido para impulsar los negocios de aguas termales desde su lanzamiento en 2016, así que muchos trabajadores de esa industria se sienten bastante agradecidos.
La controversia, sin embargo, aumentó cuando la activista feminista denunció que supuestamente había recibido amenazas de muerte, lo que terminó por cambiar el panorama y ahora era Onsen Musume quien estaba en problemas. Al final, la reputación del proyecto sí decayó bastante, aunque sigue en pie en los establecimientos en donde ya estaba en uso.
¿Y qué pasó con la activista? Bueno, tuvo que pasar un año para que se le viniera la noche encima. Yumeno Nito es la representante del “Colabo – Tsubomi Cafe“, una organización que ofrece protección a las mujeres que se sienten en peligro, y que también maneja una serie de vehículos que sirven como cafeterías. Su problema actual ya no es con los fanáticos defensores de Onsen Musume, sino con las autoridades fiscales de Japón.
Resulta que Himasora Akane, una personalidad de Internet de Japón, ya tiene un pleito legal con Yumeno Nito desde hace varios meses, cuando Akane la acusó de recibir patrocinios del Partido Comunista de Japón (PCJ). Esto llevó a que Nito le demandara por difamación, pero Akane llevó las cosas a tal punto que se le aceptó una petición de hacer una auditoría fiscal a Colabo, la compañía que Yumeno Nito representa con tanto orgullo. ¿El resultado? ¡Malversación de fondos públicos! ¡Desfalco! ¡Un delito peor que el tráfico de drogas a los ojos del fisco!
Según el informe, los auditores señalaron que los documentos contables de Colabo sobre el proyecto encargado para el apoyo a las mujeres “muestra anomalías en los resultados y que hay entonces una justificación para la revisión“. A continuación, se recomendó al Gobierno Metropolitano de Tokio que volviera a examinar los gastos necesarios para ejecutar el proyecto encargado a Colabo y exigiera su devolución si se descubría alguna malversación.
En este asunto, se ha señalado que puede haber habido confusión en Colabo entre los gastos de los proyectos sujetos a puesta en servicio y los de otros proyectos. El informe también incluía opiniones sobre medidas específicas que debían tomarse, como por ejemplo: “los importes reales de los proyectos deben comunicarse con exactitud para no suscitar dudas entre el público sobre cómo se gasta el dinero público“, y “en el caso de los gastos que son difíciles de distinguir claramente entre los necesarios para la ejecución del proyecto, como los costes de personal y las indemnizaciones, y otros gastos, Colabo debería poder dar una explicación razonable por adelantado, como mostrar el concepto de distribución proporcional y los métodos de cálculo al fideicomisario“.
Hasta ahora, los principales periódicos y televisoras, que también son miembros del Club de Prensa Metropolitano de Tokio, sólo han dado cobertura a la defensa de la parte de Colabo cuando esta demandó al sujeto Himasora Akane por difamación, y no ha habido cobertura de la defensa del sujeto ni de estos resultados de auditoría contable, del que no se habló en absoluto en la última rueda de prensa del año de la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike.
Sin embargo, aunque las solicitudes de auditoría a particulares no suelen concederse, es probable que el dictamen que pide una respuesta más estricta por parte del Gobierno Metropolitano de Tokio ponga en tela de juicio la respuesta de los medios de comunicación, así como la del Gobierno Metropolitano de Tokio, que empieza a trabajar a principios de año.
Fuente: SAKISIRU
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